Sobre el cierre de la campaña electoral con miras a las PASO del domingo, un grupo de legisladores del jaldismo denunció que el gobernador, Juan Manzur, cesó el pago de los servicios adicionales que perciben los agentes de la Policía de Tucumán por estas prestaciones extraordinarias.

A través de una nota presentada hoy ante mesa de entradas de la Casa de Gobierno, los integrantes del bloque "Justicialista de Todos" exhortaron además al titular del Poder Ejecutivo a enviar un informe a la Legislatura para justificar las razones "por las cuales se incurrió en dicha mora".

Entre 2.000 y 2.500 efectivos prestan servicios adicionales, según registros de la Policía

El texto, al que accedió LAGACETA.com, lleva las firmas del presidente subrogante de la Legislatura -y tercera autoridad de la Provincia-, Regino Amado; y de los legisladores Javier Morof (titular de la comisión de Asuntos Constitucionales), Tulio Caponio, Dante Loza y Roberto Palina.

El escrito advierte sobre el estado de situación "con relación al pago de los servicios de Policía Adicional, regulados por al ley 9.146 y su decreto reglamentario".

Nueve cifras para conocer lo que se recauda con los servicios adicionales

"Como representantes del pueblo de la provincia, nos causa suma preocupación la información según la cual se le adeuda al personal policial el pago de los servicios prestados durante los últimos meses", manifestaron los legisladores de la bancada que responde al vicegobernador, Osvaldo Jaldo.

En ese sentido, advirtieron sobre "el carácter alimentario de dicha retribución adeudada", así como que se trata "de servicios efectivamente prestados en condiciones agravadas por la pandemia de covid-19".

Así es el mecanismo de los servicios adicionales en la Policía

Además, los legisladores jaldistas destacaron que, según la normativa que regula esta actividad, para la prestación de los servicios adicionales se afecta "prioritariamente al personal policial con mayores cargas de familia; con familiares discapacitados a cargo; y con enfermos con tratamientos prolongados o terminales", así como "al personal con menores ingresos".

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"Consideramos que la falta o demora en el pago del servicio constituye un gravísimo e intolerable incumplimiento por parte del Estado provincial", manifestaron Amado, Morof y sus pares.

Y cerraron la nota con un firme pedido a Manzur. "Exhortamos a que, con carácter de urgente, se haga efectivo el pago de las sumas adeudadas al personal policial por el concepto mencionado, y que remita a esta Legislatura un informe pormenorizado sobre los motivos por los cuales se incurrió en la mora", indicaron los legisladores jaldistas.

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El texto no consigna montos ni estimaciones. De hecho, no existe una base de datos de carácter público que permita conocer cuánto recauda la fuerza provincial por los Servicios Adicionales, ni cómo se redistribuyen los fondos obtenidos. 

Hacia agosto de 2020, entre 2.000 y 2.500 de los 9.700 empleados de la Policía estaban registrados para la prestación de estas tareas. En febrero de 2019, a través de un decreto de Manzur, se habían incorporado al Presupuesto de la Provincia casi $ 420 millones generados por el Servicio de Policía Adicional.